Constitución de 1978 y sindicalismo

En 1975 muere Francisco Franco, empieza la transición para acabar aprobando la Constitución de 1978. Los sindicatos que estaban ilegalizados por el régimen pasan a ser autorizados y toman un papel fundamental en esta etapa y en la elaboración de la Constitución.

            De los dos sindicatos “históricos” que hemos mencionado anteriormente como son UGT y CNT, evolucionan de una manera diferente. La CNT pierde mucho peso en todo el territorio del Estado y solo es mayoritaria en Cataluña. Por el contrario, UGT junto con Comisiones Obreras dominan el resto del territorio. Con la legalización de los sindicatos aparecen otras centrales sindicales como USO, el Sindicato Unitario (SU), la Confederación de Sindicatos Unitarios (CSUT), Solidaritat d´Obrers de Catalunya (SOC) y Eusko Langileen Alkartasuna- Soliraridad de los trabajadores Vascos (ELA-STV). Los datos de afiliación en 1978 son los siguientes: CCOO 1.840.000 afiliados predominantemente en Cataluña, Madrid y Andalucía y sobre todo en el metal y la construcción. La UGT tiene más de 2 millones de afiliados con predominio en Cataluña y Andalucía y sobre todo en el metal en el campo y en construcción. USO tiene más de 500.000 afiliados, predominando en Valencia, Cataluña y Andalucía. SU tiene 500.000 afiliados predominantemente en Navarra. CSUT, 460.000 especialmente en Andalucía. CNT 300.000 afiliados sobre todo en Cataluña. ELA/STV unos 45.000 afiliados en País Vasco y el SOC 25.000 afiliados en Cataluña.

            Anterior a la aprobación de la Constitución Española, tenemos que destacar la ratificación por España del Convenio de la OIT número 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, ya en su artículo 2 “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.”. Otro convenio de la OIT para tener en cuenta es el número 98 sobre aplicación de los principios de los derechos de sindicación y de negociación colectiva, ratificado por España el 13 de abril de 1977. Este convenio completa el anterior abordando la libertad sindical desde la protección contra la discriminación y contra los ataques patronales a los sindicatos.[1]

Entrado a fondo con la Constitución de 1978 destacamos en artículo 7 “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.” De este artículo 7 de la Constituciones podemos sacar unas notas definitorias:

  • El artículo 7 de la Constitución pone la etiqueta a las asociaciones de empresarios y sindicatos de trabajadores de “organismos básicos” en el sistema político.[2]
  • La Constitución asigna a los sindicatos de trabajadores como a las asociaciones de empresarios la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.
  • Se consagra el derecho a la libertad sindical, tanto la creación como el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

El artículo 28 de la Constitución se encuentra situado dentro del los “Derechos y Deberes fundamentales”. En este artículo 28 de la Constitución por un lado reconoce el derecho a la libertad sindical y establece alguna excepción como es la sindicación de los militares. La concreción de este artículo es el derecho a fundar sindicatos y en el de afiliarse al de su elección, y debe entenderse también comprendido el derecho de no afiliarse, sin que la no afiliación merme el derecho del trabajador a la actividad sindical.[3] Debemos entender en este artículo que subyace un derecho colectivo, a parte de los derechos en la esfera individual que hemos hablado anteriormente, y que consiste en la libertad de la nueva organización que hemos creado (derecho a fundar sindicatos). Libertad entendida como el derecho a organizarse sin ningún tipo de injerencias externas. El apartado segundo de este artículo reconoce el derecho a la huelga como defensa de sus intereses y prevé el mantenimiento durante la huelga de los “servicios esenciales de la comunidad”. La titularidad del derecho corresponde a los trabajadores individualmente, pero se ejerce colectivamente pues no es posible la huelga individual, que sería, sin mas, un incumplimiento de contrato. Pueden hacer huelgas solo los trabajadores por cuenta ajena. El derecho a la huelga comprende la facultad de sumarse o no sumarse a la huelga convocada.

            Otro artículo para destacar es el artículo 37 de la Constitución. En su primer punto el artículo 37 reconoce el derecho a la Negociación Colectiva entre empresarios y trabajadores y la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Este artículo esta relacionado y no se puede entender sin los artículos 7 y 28 de la Constitución y que hemos comentado anteriormente. Así, el Tribunal Constitucional ha afirmado reiteradamente que la negociación colectiva se incluye entre los derechos de actividad y los medios de acción propios de la libertad sindical, esto es, se integra en el contenido esencial de la libertad sindical, precisamente en tanto en cuanto es ejercida por las organizaciones sindicales (SSTC 3/1983, de 28 de enero, 39/1986, de 31 de marzo, 95/1996, de 29 de mayo, 121/2001 y 238/2005, de 26 de septiembre, entre otras). El convenio colectivo constituye el resultado del ejercicio del derecho a la negociación colectiva, cuya fuerza vinculante ha de garantizar la Ley. El Tribunal Constitucional reafirma esta fuerza vinculante al decir “la integración de los convenios colectivos en el sistema formal de fuentes del Derecho, resultado del principio de unidad del ordenamiento jurídico, supone entre otras consecuencias que no hace al caso señalar, el respeto por la norma pactada del derecho necesario establecido por la Ley, que, en razón de la superior posición que ocupa en la jerarquía normativa, puede desplegar una virtualidad limitadora de la negociación colectiva y puede, igualmente, de forma excepcional reservarse para si determinadas materias que quedan excluidas, por tanto, de la contratación colectiva”.[4] Pero ,a su vez, el Tribunal Constitucional nos recuerda que la ley supera al convenio colectivo, y que el convenio debe respetar y someterse al imperio de la ley. El Tribunal Constitucional afirma que el derecho a la negociación colectiva no significa que el convenio colectivo “se convierta en fuente única de las condiciones de trabajo o excluya el legítimo ejercicio de su actividad por los restantes poderes normativos constitucionalmente reconocidos” y continúa diciendo “en esa eventual concurrencia, resulta indiscutible la superioridad jerárquica de la ley sobre el convenio colectivo (artículo 9.3 Constitución Española)”[5] La Negociación colectiva está también regulada de una forma extensa enel Titulo III del Estatuto de los Trabajadores, aquí aparece la figura de “sindicato más representativo” que tocaremos posteriormente cuando se refiere a la legitimidad para negociar los convenios colectivos.

            Por tanto, la negociación colectiva podemos entender que es la expresión máxima del ejercicio de la libertad sindical que promulga el artículo 28.1 de la Constitución, y susceptible de amparo constitucional. “no habría inconveniente, a los meros efectos dialécticos, en considerar vulnerado el derecho a la negociación colectiva, pero lo que no resulta posible es afirmar, sin otras precisiones adicionales, que toda infracción del artículo 37.1 de la CE lo es también del artículo 28.1 de forma que aquella fuera siempre objeto del amparo constitucional, pues ello supone desconocer tanto el significado estricto de este último precepto como la posición del primero ajena a los derechos y libertades que conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del Tribunal son susceptibles de amparo”.[6]

            El segundo punto del artículo 37 de la Constitución nos habla de las medidas de conflicto colectivo que pueden adoptar tanto trabajadores como empresarios. El conflicto colectivo de trabajo puede ser definido como toda discrepancia colectiva entre empresarios y trabajadores manifestada externamente. Esta discrepancia se exterioriza a través de las medidas de conflicto colectivo, entra las que destacan la huelga y el cierre patronal. Además, ha de ser colectivo, lo que permite diferenciar el conflicto colectivo del conflicto individual (que enfrenta a un empresario con un trabajador concreto) y del conflicto plural (que enfrenta simultáneamente a un empresario con varios trabajadores, considerados de forma individualizada y no como colectivo).

En el conflicto colectivo deben concurrir necesariamente dos elementos:

  • Elemento subjetivo: la controversia tendrá́ que afectar a un colectivo de trabajadores, esto es, aun grupo de ellos considerado en abstracto y no como una mera suma o adición de trabajadores concretos.
  • Elemento objetivo: el interés no podrá́ ser el individual de cada trabajador ni la suma de los intereses individuales de éstos, sino el interés general o colectivo del grupo de trabajadores.

Otro artículo que vamos a tener en cuenta de nuestra Constitución es el 131 “El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.” Por tanto, este artículo establece también la preceptiva intervención de distintas organizaciones representativas de intereses en la elaboración de la planificación económica: “asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas”. La regulación parece clara en cuanto a la participación de estos órganos sociales, otra cosa es la aplicación práctica de este artículo que es muy escasa.

La constitución española también regula otras figuras parecidas a los sindicatos que a continuación detallamos más concretamente:

  • El artículo 22 de la Constitución se regula las asociaciones entendidas como una organización de personas sin ánimo de lucro. Esta figura no se diferencia mucho del concepto de sindicato. Según el profesor Antonio Ojeda Avilés nos habla de que el sindicalismo “persigue una finalidad lucrativa y directa al buscar mejores condiciones laborales económicas y sociales para sus afiliados[7] por tanto diferenciándose de las asociaciones que no tendrían ánimo de lucro.
  • El artículo 36 CE nos habla de los Colegios profesionales se les considera corporaciones de derecho público, están dirigidas tanto la defensa de los intereses de los colegiados como la ordenación del ejercicio de los profesionales y a la representación exclusiva de las mismas.
  • El artículo 52 de la CE regula las organizaciones profesionales que se van a dedicar a la defensa de una profesión o conjunto de profesiones.
  • El artículo 127 CE no se habla de las asociaciones profesionales como por ejemplo las asociaciones de jueces magistrados y fiscales que como hemos comentado anteriormente no pueden pertenecer a sindicatos.
  • El último artículo que vamos a comentar es el 131 de la CE, en el se regulan las organizaciones económicas, dentro de este artículo podemos englobar a las patronales las cámaras de comercio industria etc.

Con la Constitución aprobada y los sindicatos legalizados entramos en la década de los 80 y pasan de colaborar con el estado a ser oposición, pierden bastante poder y hay un distanciamiento de los sindicatos con los partidos de la izquierda, por ejemplo, la ruptura entre la UGT y el PSOE. En 1980 se aprueba el estatuto de los Trabajadores y en 1984 la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Con la Ley 8/1980 de 10 de marzo entra en vigor el Estatuto de los Trabajadores, el cual ha sido modificado continuamente hasta nuestros días por la continua evolución del mercado laboral. Así, el texto vigente es el Real Decreto legislativo 2/2015.

El Estatuto de los Trabajadores es la normativa básica de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. En cuanto a lo que nos interesa para este trabajo, el Estatuto de los Trabajadores regula en su artículo 4 la libre sindicación, la negociación colectiva, la huelga y la reunión entre otras y en el Título II “los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores en la empresa.” En este título se reconoce la participación de los trabajadores en los órganos de representación, los delegados de personal, si la empresa es menor de 50 trabajadores, y el comité de empresa cuando las empresas sean de más de 50 trabajadores. La composición del comité de empresa dependerá del tamaño de la empresa[8]. El Estatuto facilita la creación de comités de empresa conjuntos.[9]

El comité tendrá un mandato de 4 años pudiéndose ser revocado por petición de los trabajadores que los hayan elegido.

Tanto los delegados de personal como los miembros del comité disponen de una serie de garantías como representantes de los trabajadores, estas garantías pueden ser ampliadas por el convenio colectivo, así tendrán una amplia protección ante el despido, sanción o promoción profesional por el simple hecho de ocupar un puesto de representación. También dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas para poder desarrollar su labor como representantes de los trabajadores.

Definidos brevemente los puntos que más nos interesan del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a este trabajo se refiere, vamos a seguir contando lo mas destacado de los movimientos obreros en la década de los 80 y terminaremos comentado en otro apartado diferente la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

En 1988 los dos sindicatos mayoritarios en España UGT y CC.OO. firman un acuerdo para trabajar juntas en aras de un cambio social y la máxima expresión a este acuerdo fue la Huelga General del 14 de diciembre de 1988. La jornada del 14-D fue un éxito rotundo, quizá la huelga general con más seguimiento de la democracia. Ya por la noche se vio que iba a tener mucha repercusión ya que RTVE dejó de emitir, España se quedó sin televisión. La prensa de la época califica el seguimiento de la huelga como “mayoritario”. Lo que es innegable es que los sindicatos ganaron el pulso al Gobierno en esta jornada. La huelga del 14-D de 1988 fue una de las pocas huelgas de la democracia que logró que el Gobierno rectificara en su posición. A pesar de la amplia mayoría que tenía el PSOE en el Congreso la huelga tuvo un seguimiento muy significativo y el Gobierno enterró el Plan de Empleo Juvenil, dicho plan fue el detonante de la Huelga.


[1] Artículo 1 Convenio 98 OIT: “Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.

  Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:

sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato;

 despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo”.

[2] Sentencia Tribunal Constitucional 11/1981 de 8 de abril de 1981. Ponente Luis Diez-Picazo y Ponce de León y Sentencia del Tribunal Constitucional 18/1984 de 18 de febrero de 1984. Ponente Rafael Gómez-Ferrer Morant.

[3] Sentencia Tribunal Constitucional 134/1994 de 9 de mayo de 1994. Ponente Carles Vives i Pi-Sunyer.

[4] Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de abril de 1985 al resolver una cuestión de inconstitucionalidad.

[5] Sentencia Tribunal Constitucional 210/1990 de 20 de diciembre de 1990 al resolver la cuestión de inconstitucionalidad 834-1985.

[6] Sentencia del Tribunal Constitucional 118/1983 de 13 de diciembre al resolver recurso de amparo 170/1982.

[7] Antonio Ojeda Aviles. “Derecho Sindical”. Editorial Tecnos. Página 154.

[8] De cincuenta a cien trabajadores, cinco.

De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, nueve.

De doscientas cincuenta y uno a quinientos trabajadores, trece.

De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, diecisiete

De setecientos cincuenta y uno a mil trabajadores, veintiuno

De mil en adelante, dos por cada mil o fracción, con el máximo de setenta y cinco

[9] Artículo 63.2 ET “En la empresa que tenga en la misma provincia, o en municipios limítrofes, dos o más centros de trabajo cuyos censos no alcancen los cincuenta trabajadores, pero que en su conjunto lo sumen, se constituirá un comité de empresa conjunto. Cuando unos centros tengan cincuenta trabajadores y otros de la misma provincia no, en los primeros se constituirán comités de empresa propios y con todos los segundos se constituirá otro.”

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