AYUDAS PARA EL ALQUILER DE LA VIVIENDA HABITUAL A CAUSA DEL COVID-19 DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON

La junta de Castilla y León ha sacado unas ayudas destinadas a ayudar a pagar los alquileres de la vivienda habitual como consecuencia del COVID-19. Vamos a ir desgranando poco a poco los requisitos y a quien va dirigido:

Las ayudas van destinadas para arrendatarios de vivienda habitual en Castilla y León, que como consecuencia del COVID-19 tenga problemas transitorios para pagar el alquiler, o para devolver préstamos avalados por el ICO. Las ayudas deben destinarse obligatoriamente al pago de la renta, en su caso para la cancelación total o parcial de los préstamos avalados por el ICO.

El plazo de solicitud es del 14 de mayo de 2020 al 30 de septiembre del 2020.

Los beneficiarios serán las personas físicas mayores de edad, arrendatarias de vivienda habitual en Castilla y León, en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19 y que reúnan los siguientes requisitos:

Encontrarse a partir del 14 de Marzo de 2020 en alguna de las situaciones siguientes:

  • Desempleo
  • ERTE
  • Reducción de jornada por cuidados
  • Cese de actividad en caso de trabajador por cuenta propia
  • Otras circunstancias similares vinculadas a la actividad laboral o empresarial

Los ingresos NETOS de la unidad familiar no tienen que superar:

  • 3 veces el IPREM que se incrementará:
    • En 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar y por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar
    • 0,15 veces el IPREM por cada hijo a cargo en el caso de unidad familiar monoparental.
  • 4 veces el IPREM (con los mismos incrementos anteriores) si algún miembro de la unidad familiar tiene discapacidad igual o superior al 33% o está en situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente para realizar actividad laboral
  • 5 veces el IPREM en caso de que el pagador de la renta sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual (grado superior al 33%). Persona con discapacidad física o sensorial (mas del 65%) o casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

Otro requisito es que la renta y el gasto de los suministros básicos sea igual o superior al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

Tienes que ser titular del contrato de arrendamiento de vivienda en los términos previstos en la Ley 29/1994 sobre arrendamientos urbanos.

Tienes que estar al corriente de los pagos de la renta correspondiente a los tres últimos meses.

Que la vivienda sea la residencia habitual de la persona arrendataria y que este dentro del territorio de Castilla y León.

SUPUESTOS EXCLUIDOS:

  • Cuando la persona arrendataria o cualquiera de los integrantes de la unidad familiar sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. O tengan parentesco de primer o segundo grado de consanguineidad o de afinidad con la persona arrendadora de la vivienda. O que la persona sea socia o partícipe de la persona física o jurídica arrendadora.
  • No podrán optar a esta ayuda las personas que NO estén al corriente de sus pagos con la Seguridad Social.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

–  Copia completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio y forma de pago a la persona arrendadora.

– Acreditación, mediante justificante bancario, del pago de la renta de alquiler de tres últimas mensualidades.

  • Si se ha solicitado reducción o moratoria en el pago de la renta al arrendador, justificante bancario del pago de las tres mensualidades anteriores a dicha petición de moratoria y, en su caso, del acuerdo obtenido con la persona arrendadora.

– Si se ha solicitado préstamo avalado por el ICO para el pago del alquiler, copia o justificante acreditativo de la cuantía de la ayuda percibida.

– Documentación acreditativa de la situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida:

  • En caso de desempleo, certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en el que figure la cuantía mensual percibida.
  • En el caso de ERTE, certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones con indicación de la cuantía mensual percibida; si la empresa complementa la cuantía a percibir por el ERTE, certificado acreditativo.
  • En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, certificado expedido por la AEAT o el órgano competente.
  • En caso de reducción de jornada por motivo de cuidados, y de otras circunstancias similares de vulnerabilidad vinculadas a la actividad laboral o empresarial, documentos que acrediten dichas situaciones.
  • Copia justificativa de todos los ingresos percibidos por el resto de los miembros de la unidad familiar en el mes anterior a la fecha de solicitud de la ayuda.
  • Acreditación, mediante justificante bancario del último pago mensual de los gastos y suministros básicos de la vivienda.
  • Si no se pudiese aportar la documentación de lcuatro primeros puntos anteriores, podrá sustituirlo por una declaración responsable conforme al modelo normalizado disponible. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.
  • Declaración responsable del solicitante relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes en los términos exigidos en el apartado 1 a) del dispongo cuarto de esta convocatoria, y conforme al modelo normalizado incluido en la solicitud.
  • Documentos relativos a las siguientes situaciones personales y familiares:
  • Certificado o volante colectivo de empadronamiento.
  • Copia del libro de familia o documento oficial que acredite, en caso de descendientes.
  • En el caso de pareja de hecho, documento acreditativo de tal situación.
  • En el caso de unidad familiar monoparental, documento acreditativo de tal situación.
  • Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
  • En caso de ser propietarios o usufructuarios de alguna vivienda en España, pero no dispongan de la misma, deberán aportar acreditación documental de dicha causa.
  • Si no se pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en este apartado 6, podrá sustituirlo por una declaración responsable conforme al modelo normalizado incluido en la solicitud. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.
  •  Si el solicitante manifiesta su oposición a autorizar a la administración para la petición de datos a otros organismos, deberá aportar:
  • Copia del documento nacional de identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español, de todas las personas que forman la unidad familiar.
  • En cuanto a la titularidad de bienes: certificado catastral o nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Declaración responsable de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

CUANTÍA

Hasta el 100% de la renta con un máximo de 500 euros con un máximo de 4 mensualidades.

En caso de ser un préstamo del ICO, la ayuda puede llegar a los 200 euros.

Las solicitudes se presentarán obligatoriamente conforme al modelo normalizado que estará a disposición de los interesados, a partir del 14 de mayo de 2020, en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), y en las oficinas y puntos de información y atención al ciudadano

La ayuda de esta convocatoria es compatible con cualquier otra ayuda al alquiler, siempre que el total de las ayudas no supere el 100% del importe del alquiler del mismo período. En caso de superarlo, si la ayuda correspondiente a esta orden fuese concedida, se reducirá en la cuantía necesaria hasta cumplir con dicho límite.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses, a contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver.

Puntuación: 1 de 5.

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